La corrupción y el trato desigual a los iguales

La corrupción es la lacra, el cáncer de todo Estado de Derecho. Como un virus, se expande en nuestras instituciones y las va de- bilitando en perjuicio de los ciudadanos y del bienestar. La igualdad recogida en nuestro art. 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda preva- lecer discriminación alguna […]». Este artí- culo se ve directamente lesionado por la co- rrupción, que beneficia a unos pocos por en- cima de los demás. Este trato desigual produce abusos y diferencias que los ciuda- danos ni toleramos ni comprendemos, y exi- gimos una acción contundente por parte del legislador, para acabar con un quehacer de- lictivo que vulnera el bien común.

Algunas reformas legislativas han llegado por parte del Gobierno, pero estas, no son si- no un pequeño remedio ante un mal endé- mico, un espejismo en el desierto de la co- rrupción.

La política ha de ser entendida como un servicio al bien común, como la entrega del ciudadano a su polis. El dar tiene que ser la piedra angular de nuestra clase política. El servidor público ha de recordar que a la polí- tica no se viene a hacer dinero, sino a servir a la comunidad; a trabajar por los demás en un pleno conocimiento de que el servicio es la razón de ser y no el beneficio propio. Esta concepción moral, se debe inculcar desde la niñez y debe ser enseñada así por nuestra sociedad. Aquel que roba a la comunidad, ha de ser señalado como un ser despreciable que con su actuar está quitando escuelas, hospitales y servicios a los demás.

Los ciudadanos demandamos una políti- ca desde el servicio y no desde el poder que sirva para alcanzar ambiciones personales.

La corrupción tiene que ser atacada desde las leyes y el carácter normativo, no solo aumentando las penas para el corrupto, sino desde la tan necesitada y demandada refor- ma estructural de nuestro Estado de Derecho. Tenemos que acabar con la politización de la Justicia, un juez que le debe su puesto a un cargo político nunca será un juez inde- pendiente, politizar nuestros tribunales es politizar nuestras instituciones. ¿Cómo va- mos a luchar contra la corrupción si el juez que deba enjuiciar al político corrupto pue- de haber sido designado previamente por él?

La ciudadanía tiene que exigir como cues- tión previa a dar su voto a los futuros diri- gentes la reforma de la Ley Orgánica del Po- der Judicial (LOPJ). La actual ley es la gran culpable de la falta de estabilidad económi- ca, política y social en España. Como defen- día Montesquieu, los ciudadanos necesita- mos la división de poderes como equilibrio de un Estado de Derecho porque si no la co- rrupción siempre acampará a sus anchas.

La corrupción es la impunidad del más fuerte frente al más débil, la del funcionario o servidor público en abuso frente a los demás. Esta impunidad solo se acabará con una reforma drástica en nuestra Justicia, una reforma material de la administración pública. Esta reforma debe basarse en el cambio de la teoría, ya nuestros jueces ejercen su labor faltos de recursos y con una integridad moral que prima por su excelencia; permitiendo que los ciudadanos medios vi- vamos en libertad. El Tribunal Constitucional, oráculo de lo justo en España, no puede estar controlado por la clase política que elige a sus magistrados y a quienes en algún momento podrán cesar del cargo. La elección de los magistrados de nuestro Tribunal Supremo no puede quedar en manos de un Consejo del Poder Judicial, el cual ha sido previamente nombrado por las cortes. Una elección sin consenso judicial y viciado por el poder legislativo. Sin una balanza de nuestros tres poderes del Estado, solo es cuestión de tiempo que el abuso del poder ejecutivo prime en detrimento de nuestra libertad.

Para luchar contra la corrupción, nues- tros jueces, fiscales y fuerzas de seguridad deben de ser independientes en su trabajo. Su único deber debe ser para y con la Ley y la Constitución. Son falacias y demagogia hablar de luchar contra la corrupción si no se nutre a España de unas reformas legisla- tivas que permitan un contexto en el que el corrupto deje de actuar sin miedo a ser juz- gado. Necesitamos una Fiscalía que no ten-

ga el yugo político sobre sus espaldas; una judicatura que en sus altos tribunales no de- ban su elección a la clase política. Como po- pularmente se dice no se puede dejar al zorro cuidar a las gallinas.

Si se quiere acabar con la corrupción, Es- paña necesita medios para luchar contra es- ta. Medios económicos para los entes que han de defender nuestros derechos y liberta- des: más peritos en Hacienda, en la Intervención General y en el Banco de España; más medios informáticos y más policía. Es importante también la informatización de la Justicia que tan desfasada está actualmente. Las leyes que persiguen el delito como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Pe- nal se encuentran con un gran obstáculo por la falta de medios.

La corrupción y sus delitos deben atajarse desde un plano multidisciplinar. Desde la educación cultural de la sociedad del bien común hasta las reformas legislativas, en las que se debe dotar de más independencia a nuestras instituciones judiciales. Por último, facilitar de medios materiales adecuados pa- ra que se pueda luchar contra la corrupción, la cual si no se detiene a tiempo, terminará por destrozar el Estado de bienestar que ya- ce hoy en España. Solo así esperemos avan- zar. «Una gran democracia debe progresar ya que si no, pronto dejará de ser o grande o de- mocracia», Theodore Roosevelt